Fleitas solicita la derogación de la Ley de Covivienda

 H ace apenas unos días, la Legislatura porteña aprobó la polémica Ley de Covivienda, que ha generado un amplio debate en la sociedad. Sin embargo, en un giro inesperado, diversos sectores están pidiendo la derogación de esta normativa, argumentando que es un mecanismo para otorgar a las agrupaciones piqueteras inmuebles expropiados por la ciudad, a practicamente ningun costo. Tal es el caso de la diputada Rebeca Fleitas del Bloque La Libertad Avanza ―espacio del precandidato a presidente Javier Milei ― quién presentó un proyecto de derogación de la ley de covivienda. En la fundamentación de su proyecto de derogación, Fleitas planteó que:

 no solo no contribuye a resolver el problema de la vivienda en la Ciudad, sino que conceptualmente está orientada en el sentido contrario a las políticas que es necesario promover. Además, cuenta con una peligrosa serie de imprecisiones e implica graves consecuencias tales como otorgar amplias potestades a las organizaciones sociales y otros grupos de presión, y la posible afectación de la propiedad privada ― y que además ― debido al contenido y los alcances de carácter colectivista y estatista de esta Ley, promovida y aprobada por el oficialismo de la Ciudad, podría haber sido impulsada asimismo por el Frente de Todos o la extrema izquierda

Así mismo en consonancia con su visión liberal, argumentó que:

En efecto, dicha Ley prevé como beneficiarios de este tipo de viviendas a un sector social específico, en el espectro de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad y afectados por el déficit habitacional, que perjudica a un creciente y alarmante número de ciudadanos de la Ciudad. Sin embargo, si bien la Ley establece algunos requisitos particulares para acceder al beneficio, implícitamente obliga a los ciudadanos que quieran acceder a estos a formar parte de un colectivo bajo la forma de una cooperativa, mutual, asociación civil sin fines de lucro u otras personas jurídicas

En la misma tónica, la diputada señaló que “la Ley 6.639 abre la puerta a las prebendas y los privilegios, algunos que se encuentran implícitos, y otros explícitamente mencionados en la norma como que los proyectos están exentos del pago del impuesto de sellos, del pago de los derechos de delineación y construcción, de la obligación de inclusión de cochera para las obras de construcción de viviendas nuevas bajo esta modalidad, y del pago del derecho para el Desarrollo Urbano y el Hábitat Sustentable”.

Finalmente, en su fundamentación, Fleitas concluye que:

En lugar de desarticular la trama de regulaciones e imposiciones estatales para liberar las fuerzas del mercado que  produzcan crecimiento, aumento de la oferta de viviendas y de la demanda por incremento de la productividad y de los salarios, lo que promueve un modelo como este, en cambio, es hiperregulación e hiperinflación normativa, provocando que el acceso efectivo a la propiedad y a su más eminente expresión, el derecho real de dominio, sea desplazado por medios precarios como el mero derecho real de uso por un tiempo predeterminado y mediante mecanismos de sujeción corporativos y clientelistas, donde la posesión colectiva y espuriamente mediatizada de un inmueble se convierte en la piedra de toque de la decadencia general que venimos soportando

Intervención completa de Fleitas sobre el debate de la Ley de Covivienda

Por su parte,  si bien desde el oficialismo señalaron que, la Ley de Covivienda, busca regular la convivencia en espacios compartidos y establecer ciertas normas para garantizar el bienestar de todos los habitantes, la legislación ha sido objeto de críticas desde su concepción. Algunos diputados argumentaron que la ley es demasiado restrictiva y limita la libertad de las personas, mientras que otros consideran que no es suficiente para abordar los problemas que enfrentan quienes viven en espacios compartidos.

Cecilia Ferrero, diputada Bloque Juntos por el Cambio

El programa de Covivienda, promovido por la legisladora del interbloque oficialista Vamos Juntos (VJ) Cecilia Ferrero, fue aprobado hace unas semanas únicamente por el oficialismo y sus colaboradores. La ley en cuestión busca transformar en co-viviendas todas las propiedades de dominio privado pertenecientes a la Ciudad y al Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), así como inmuebles de dominio privado sujetos a derecho público estatal, no estatal y de entidades jurídicas. Así, este esquema incluirá terrenos sin construcción; terrenos con edificaciones en proceso, paralizadas o en desarrollo; y terrenos con construcciones finalizadas que requieran ser reacondicionadas.

Entre los grupos que solicitan la derogación de la ley, se encuentran organizaciones de inquilinos, propietarios de viviendas y representantes de la comunidad estudiantil. Estos sectores sostienen que la Ley de Covivienda no refleja sus necesidades y demandas, y que se requiere una revisión exhaustiva de la misma para garantizar que se respeten los derechos de todos los involucrados. Además, algunos legisladores han expresado su preocupación por la rapidez con la que se aprobó la ley, señalando que no se brindó suficiente tiempo para debatir y analizar sus implicancias. En este sentido, se espera que en las próximas semanas se realicen reuniones y audiencias públicas para discutir la posibilidad de derogar o modificar la Ley de Covivienda, aunque debido a la minoría parlamentaria del espacio que lidera Javier Milei es probable que no se llegue a debatir. Por el momento, la situación sigue siendo incierta y es difícil prever cuál será el desenlace de este conflicto, lo que sí es seguro es que el debate en torno a la Ley de Covivienda ha dejado en evidencia la necesidad de abordar de manera integral por parte de la oposición una estrategia legislativa para contrarrestar el hasta ahora, mecanismo automático de aprobación de leyes por parte de JxC, que convierte a la legislatura en una escribanía.