La importancia de sumar armamento no letal para las fuerzas de seguridad

La política desata una pelea mediática por intentar instalar posiciones sobre cuál es la fuerza política que más hizo para la implementación de las pistolas Taser. Pero lo cierto es que la importancia de velar por las condiciones de trabajo adecuadas para los efectivos que son los responsables de brindar seguridad a la ciudadanía trasciende las meras peleas facciosas e ideológicas.

En las últimas décadas varios gobiernos de distintos sectores políticos podrían haber aplicado políticas de seguridad apropiadas, pero en su lugar decidieron quedarse de brazos cruzados. Hoy una gran parte de la política está, por lo tanto, manchada por la sangre de numerosos policías asesinados, puesto que, por desidia, incompetencia y peleas ideológicas sin sentido siguen postergando lo más importante: cuidar la vida de los ciudadanos y la de aquellos que deben cuidarnos.

Cada vez que en nuestro país un efectivo de las fuerzas de seguridad es asesinado se abre el debate y se evidencia aún más la preocupación de una sociedad, harta de la inseguridad. 

La mañana del 14 de febrero conocimos la fatídica noticia del asesinato de Maribel Nélida Zalazar, de 35 años, una oficial de la Policía de la Ciudad que murió al recibir un disparo de arma de fuego, en un hecho confuso en el que un hombre identificado como Oscar Valdez le sustrajo a la oficial su arma reglamentaria, mientras esta lo asistía al aguardo de SAME. El asesinato de la oficial Zalazar volvió a poner nuevamente en foco la discusión sobre por qué aún la Policía de la Ciudad no cuenta con pistolas Taser.

La respuesta reside en el conflicto político e ideológico de público conocimiento que mantienen el Gobierno nacional y el Gobierno de la Ciudad, que impide la implementación de las pistolas de electrochoques en el ámbito de la Ciudad. La falta de resolución de este conflicto es un obstáculo para que las fuerzas de seguridad cuenten con el equipamiento apropiado para defenderse y defender la vida de los ciudadanos. Sin embargo, intentar centrar la discusión solo en si deben o no usarse las pistolas Taser, es no comprender que lo que se discute en realidad es el valor de la vida de las personas, pero principalmente de aquellos que tienen el deber y vocación de protegernos.

Resulta inaceptable la dilación producida al respecto, lo que además ha dejado a la Argentina atrasada en materia de seguridad pública, ya que los únicos elementos con los que cuentan la policía para la detención y prevención del delito son las tonfas y las
armas de fuego. Por eso, presenté en la Legislatura porteña el año pasado el primer y único proyecto para regular la introducción e implementación de armamento y equipamiento de carácter no letal para la Policía de la Ciudad.

De esta manera, se focaliza la prioridad en brindar otras herramientas a los efectivos que realizan prevención diaria en vía pública, ya que si se continúa esperando la resolución del conflicto entre Nación y Ciudad, no se logrará avanzar sobre el tratamiento en la problemática de seguridad; tomando en cuenta recientes declaraciones de funcionarios nacionales y de la ciudad, que han dejado en claro que el tema de las Taser no tendrá una pronta resolución, debido a que el ministro de Seguridad de Nación, Aníbal Fernández desligó al gobierno nacional de la responsabilidad de aprobar la solicitud del Gobierno de la Ciudad (GCBA).

¿Por qué es interesante el proyecto que presenté el año pasado sobre armas no letales? Porque planteo diversas opciones de armamento no letal —además de las pistolas de electrochoques— que podría implementarse para uso exclusivo de las fuerzas de
seguridad; por ejemplo, las pistolas PepperBall “que impulsa con gas comprimido un proyectil no letal sin poder de penetración, que al impactar sobre un cuerpo su cubierta se desintegra exponiendo el contenido de un agente urticante de origen orgánico que
irrita los ojos y las vías respiratorias de manera transitoria —con un efecto similar a sus equivalentes más conocidos en spray— dando tiempo y alcance al operador para tomar decisiones críticas”.

La Bola Wrap es un dispositivo portátil de pequeñas dimensiones, que cabe en cualquier cinturón de trabajo o chaleco, “creado para la contención remota de un individuo, descarga una cuerda fina de Kevlar similar a un cordón de zapatos, la cual se enrolla de forma segura sobre el mismo, permitiéndole al agente del orden reducirlo desde una distancia segura, priorizando la integridad física de ambos como así también de terceros”.

El proyecto además establece —a través del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad— la creación de una comisión especial transitoria para la redacción de un protocolo que establezca los criterios y fundamentos técnicos para la elección del armamento, su reglamentación, uso y empleo de los elementos de carácter no letal con el que se dotaría a la Policía de la Ciudad.

Asimismo, se plantea por primera vez la definición técnica y legal de lo que es un arma no letal y en qué circunstancias deberían ser utilizadas. El proyecto las define como “los elementos diseñados para el ataque y la defensa por parte de los integrantes de las fuerzas de seguridad respecto de individuos particulares, que a los efectos de su empleo convencional no puedan provocar la muerte, ni afectar de manera permanente la salud o la integridad de las personas, ni ocasionar lesiones graves o gravísimas a
quien fuera objeto de su uso y que tengan como finalidad la mera inmovilización transitoria de individuos, con el objeto de su detención o de hacer cesar una acción violenta ilegítima”. 

La importancia de comprender la definición yace en el hecho de que hay quienes sostienen que la ley 5688 de Sistema Integral de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su artículo 83 ya habilita el uso de armas incapacitantes no letales; pero el problema yace en el hecho de que ese artículo solo habla del principio de gradualidad con el que debe actuar el personal policial en las tareas de prevención, procurando evitar el uso de la fuerza y de preferencia optar por el uso de armas incapacitantes no letales, a fin de no ocasionar lesiones o muertes.

Pero de ninguna manera establece o define qué tipos de armas son las no letales; por lo tanto, hablar solo sobre principios de proporcionalidad sobre elementos que no se encuentran definidos, limita el tipo de dotación en equipamientos que podría usar la policía, y en consecuencia lo planteado por la ley 5688 se vuelve una interpretación arbitraria y sesgada.  El uso de elementos no letales en las fuerzas de seguridad merece un debate y tratamiento serio para poner en perspectiva la importancia de su implementación, dejando de lado las discusiones ideológicas inviables y cualquier tipo de oportunismo político que solo busca desorientar a la opinión pública.

Un claro ejemplo de esto último se evidencia en la postura del ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, quien el año pasado afirmó que el país no está preparado para la implementación de las Taser, sin embargo, hace unos días confirmó que el gobierno nacional inició el proceso administrativo para comprar cien de estas pistolas, casualmente luego del asesinato de la oficial de la Policía de la Ciudad. A la vez, el panorama no es muy diferente en los representantes de Juntos por el Cambio en la Ciudad, ya que el Gobierno de la Ciudad inició la adquisición de solo sesenta pistolas Taser, insuficientes para el número de efectivos que existen actualmente en la Policía de la Ciudad, que cuenta con más de veintinueve mil efectivos, de los cuales más de veinte mil cumplen tareas de prevención en vía pública y subtes.

Queda en evidencia el doble discurso que ambos sectores mantienen, ya que aunque hubiese sido aprobado a tiempo el ingreso de las pistolas Taser al país, los asesinatos de la oficial Zalazar o la del inspector de la Policía Federal Juan Roldán, quien murió
apuñalado en el barrio de Palermo en septiembre de 2020, no se hubieran podido evitar debido a que jamás habrían podido contar con estos elementos, puesto que tanto el Gobierno de la Ciudad como el Gobierno Nacional han sostenido en reiteradas entrevistas que su implementación solo debe ser destinada a las fuerzas especiales. Por lo tanto, una vez más es posible ver reflejado el oportunismo de algunos sectores políticos que buscan hacerse eco de hechos de inseguridad, que jamás tendrán la voluntad de resolver.

Por lo tanto, cabe preguntarle a los funcionarios que hoy tienen la posibilidad de introducir cambios necesarios para las fuerzas de seguridad, ¿realmente están interesados en reducir las muertes de los efectivos policiales o solo piensan en el beneficio político que pueden obtener de sus posiciones en los medios y en la opinión pública? Déjenme decirles que yo, como legisladora y ciudadana, estoy comprometida con esta causa en beneficio de los derechos de la ciudadanía y de los efectivos que arriesgan su vida a diario. Quiero que no ocurra más la triste escena de ver a otro ciudadano muerto o a otro oficial caído en un féretro, con familias destrozadas por la inseguridad y la falta de humanidad y empatía de la casta política preocupada solo por sus intereses espurios.

Debatamos sobre el tema seguridad en todos sus aspectos, para poder resolverlo cuanto antes. Y por ello no quiero dejar de lado la necesidad de esclarecer los hechos que terminaron con la vida de la oficial Maribel Zalazar. Motivo por el cual presenté un pedido de informes en la legislatura para que se investigue en las áreas que competen al Gobierno de la Ciudad, cuáles fueron los errores que terminaron en ese fatídico desenlace. Ya que según fuentes extraoficiales, entre las estaciones Retiro de las líneas C y E debían encontrarse al menos cuatro efectivos, sin embargo, la oficial Zalazar se encontraba sola.

Es el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad, quien mediante planificación establece, cuadrantes en zonas de mayor incidencia delictiva para que haya más cobertura territorial del personal policial, siendo la estación Retiro una de esas zonas. Estos cuadrantes son denominados burbujas, y son controladas y auditadas en tiempo real a través de la plataforma de información geográfica de la firma SOFLEX S.A. Los primeros informes reflejaron que la oficial Zalazar no contaba con un secundante que la respaldara en el lugar. Asimismo, en igual medida es necesario investigar de qué manera y bajo qué conceptos fue dispuesta la distribución del personal policial, por el jefe de la División Líneas C, D, E, H y Premetro, que evitó que la oficial estuviese
acompañada.